![]() |
![]() |
| El «programa político» de la Iglesia
¿Podemos en realidad hablar de un programa político de la Iglesia? Evidentemente, no tratamos de dar aquí a esta expresión un significado estrictamente técnico, como el que tienen los programas de los gobiernos y los partidos políticos, o los acuerdos, pactos y «contratos de legislatura» entre los partidos dentro de los regímenes democráticos modernos. Es evidente que, en nuestro caso, no podría tratarse de nada de esto. En primer lugar, porque, como ya sabemos, la Iglesia no tiene una función política directa y específica, y en segundo término, porque los medios y formas de realización de las sugerencias y metas políticas que ella presente al mundo quedan, y deben quedar, en manos de los gobernantes, de los políticos y de las instituciones civiles. Estas formas y modos de realización de las mismas pueden ser muy diversas, según las situaciones y las circunstancias de cada pueblo y el genio o la vocación propia de cada familia política, y la Iglesia siempre ha afirmado la legitimidad y la necesidad de este pluralismo. Pero sí puede hablarse del programa político de la Iglesia en un sentido más amplio: un sentido adecuado a la naturaleza de la Iglesia y a la función directiva de la Jerarquía respecto del quehacer político bajo el punto de vista de la moral, la fe y las costumbres. «La acción política debe ser subtendida —escribe Pablo VI en la Octogesima
adveniens— por un proyecto de sociedad, coherente en sus medios concretos
y en su inspiración, que se alimente de una concepción integral de la vocación
del hombre y de sus diferentes expresiones sociales».
Ahora bien, Pablo VI hace a continuación una observación de la mayor
importancia: la preparación de ese género de proyectos «no pertenece al
Estado, ni siquiera a los partidos políticos». Son los grupos culturales,
científicos y religiosos, es decir, lo que pudiéramos llamar las fuerzas
morales e intelectuales de la humanidad, quienes libremente, con la libertad
de adhesión que ellas suponen, al margen de las exigencias inmediatas,
y a menudo acuciantes, de la política, y procediendo, por decirlo así,
«de manera desinteresada», deben desarrollar en el cuerpo social estas
concepciones últimas o metapolíticas, en las que únicamente puede apoyarse
la acción política propiamente dicha.
La acción política en una sociedad determinada presupone la existencia de una civilización, de una cultura, de una reflexión colectiva, obra de pensadores, de filósofos y sociólogos funcionalmente independientes de la política. Al hablar del programa político de la Iglesia nos referimos, pues, a un programa o modelo de sociedad, que en este caso sería el fruto de una inspiración evangélica. Ahora bien, la Iglesia no ha elaborado precisamente un código en que el contenido de su «proyecto» haya sido presentado en forma sistemática. En cambio, sobre todo en estos últimos tiempos, ha multiplicado sus directrices, sus consejos y sugerencias, puestos completamente al día y que aparecen repetidamente enunciados en un gran número de documentos eclesiales. Pese a lo que quieran decir sus detractores, la mayor parte de estos documentos, de todos conocidos, son de una notable viveza y actualidad. Quien se lo propusiera podría recoger en esos mismos textos abundante
cosecha de frases y tratar de construir una especie de sylabus al revés,
es decir, no un sylabus condenatorio y destinado a frenar el progreso del
mundo profano, sino todo lo contrario, a abrirle ampliamente las puertas.
Procediendo, pues, con esta libertad podremos preguntarnos ahora cuáles son en realidad las ideas centrales de ese gran proyecto político actual de la Iglesia, al que queremos aludir. A nuestro juicio, la Iglesia invita hoy a los hombres a construir una sociedad que esté centrada sobre unos cuantos puntos estratégicos, algunos de los cuales están ya en el ambiente y reciben —por lo menos, teóricamente— el aplauso de gentes de todas las ideologías. Son ideas que hoy tienen amplia «vigencia colectiva» y que la Iglesia reconstruye y consolida a partir de una visión sapiencial cristiana. Estos puntos podrían ser, por ejemplo, los siguientes: primacía del hombre y de sus derechos naturales, cívicos y sociales; justicia y libertad para los pueblos; defensa de los pobres y de los oprimidos, sean individuos, clases, razas o naciones; igualdad, solidaridad y fraternidad entre los hombres frente a discriminación o explotación clasística; oposición a la violencia y al empleo sistemático de la fuerza; oposión a la guerra y a la política de armamentos; exigencias imperativas del bien común frente a los intereses y apetencias privadas; imperio de la ley y de la autoridad frente a la anarquía y el desconcierto; participación democrática de los ciudadanos en las decisiones y responsabilidades públicas frente a dictadura tecnocrática; modelos de crecimiento genuinamente humanos; objetivos morales, y no meramente economísticos y utilitarios, para los hombres y las sociedades; defensa del individuo y oposición al individualismo; estructuras más adecuadas al progreso y a la transformación de la vida social del hombre; mayor equidad en el reparto de los bienes y de los rendimientos del trabajo humano; dignificación del trabajador; necesaria socialización, al mismo tiempo que fomento de la iniciativa privada en todos los órdenes; orden internacional reforzado por nuevos poderes y fundado en una mayor justicia en las relaciones entre los superpoderosos y los infradébiles. Esta lista no es, en modo alguno, exhaustiva: podría, por el contrario, prolongarse y diversificarse; pero basta para dar una idea de lo que, a nuestro modesto juicio, serían las grandes líneas maestras del programa político de la Iglesia para el mundo de hoy. Así está para nosotros completamente claro —y ya lo hemos dicho repetidas veces— que la Iglesia ha adoptado hoy una postura decidida en defensa de los derechos humanos, cosa que en otros tiempos no había ocurrido ni podía quizá ocurrir por razones históricas, coyunturales, sociológicas e incluso filosóficas. Este hecho no constituye una actitud completamente nueva con respecto al pasado inmediato, pues Pío XI y Pío XII habían ya iniciado el camino, y los Pontífices actuales no han hecho sin ensancharlo y perfeccionarlo. Pero la Iglesia de hoy no se limita a hacer esta defensa en el plano
de los principios generales, sino que exige —en la medida en que ella puede
hacerlo— que los mismos tengan una aplicación concreta y efectiva dentro
del marco de la legislación y de la práctica jurídico-política de cada
pueblo.
Y recogiendo las palabras de Juan XXIII en la Pacem in Terris, exclama: «Ojalá pueda llegar pronto el momento de que la Organización de Naciones Unidas garantice eficazmente los derechos de la persona humana»95. En su discurso a la O.I.T., en el Palacio de las Naciones de Ginebra96, insiste en esta misma idea de la efectividad: «Luchad valerosa e incansablemente contra los abusos siempre renacientes y las injusticias incesantemente renovadas, obligad a los intereses privados a someterse a la visión más amplia del bien común (...), comprometed a las naciones a ratificar (los derechos) y adoptad las medidas para hacerlos respetar». Está, pues, bien claro que para el Pontífice la defensa de los derechos del hombre no es una afirmación utópica o platónica, una meta para un futuro lejano, sino un objetivo que puede y debe ser logrado mediante medidas legislativas eficaces y de las que ningún Gobierno debería poder escapar sin caer en el descrédito internacional. Lo que la Iglesia «exige», pues, en su «programa político» es que no sólo se proclamen los derechos del hombre, sino que en cada Estado se pongan en acción los medios necesarios para hacerlos respetar de modo efectivo y real. Además, en su plataforma política, la Iglesia defiende no solamente los derechos naturales de la persona (el derecho del hombre a no ser tratado como un objeto, a que se respete su vida, su integridad y su dignidad de persona, etc.), sino también los derechos cívicos y los llamados derechos sociales. Así, en la Gaudium et Spes —no debería hacer falta recordarlo una vez más— se aprueba el derecho de libre reunión, el de libre asociación, el de libre expresión de las propias opiniones, así como el de la libertad religiosa en su profesión privada y pública97, y «se reprueban todas las formas políticas vigentes que en ciertas regiones obstaculizan la libertad civil o religiosa». Llegando todavía a un grado mayor de precisión y de exigencia, el mismo documento conciliar afirma que «allí donde, por razones del bien común, se restrinja temporalmente el ejercicio de los derechos, las libertades deben ser restablecidas cuanto antes una vez que hayan cambiado las circunstancias»98. La Iglesia está contra la violencia y contra el uso sistemático de la fuerza por parte de los Estados, ya que el mismo «suscita la aparición de fuerzas adversas, de donde surge, a su vez, un clima de luchas, que abren más y más el camino hacia la violencia»99. Lo que no se puede hacer es desvirtuar o deformar esas mismas exigencias de libertad, tratando de reducirlas a enunciados puramente teóricos prácticamente inoperantes, o afirmando que se respetan auténticamente allí donde en realidad se las conculque, y el espíritu de las mismas esté completamente ausente de la legislación. Junto al respeto de las libertades cívicas, la Iglesia «exige» también a los poderes públicos la realización de los derechos sociales: el derecho al empleo, el derecho a la emigración sin discriminación por parte del país que acoge100, así como unas condiciones de trabajo auténticamente dignas y personalizantes. Ciertas gentes de mentalidad genuinamente neocapitalista dirán quizá que el Papa no entiende de economía y que todo esto no son sino utopías. Se tratará —según ellos— de exigencias que no pueden ser presentadas por nadie que entienda del asunto, por la sencilla razón de que son irrealizables por causa de las leyes económicas, que ellos —naturalmente— declaran tan inalterables como la ley de Newton. Sin embargo, Pablo VI rechaza este género de fatalismo —más o menos insincero— de los que se limitan a proponer soluciones malthusianas. En el fondo, al afirmar esa pretendida «irrealizabilidad», ¿no pretenden defender secretamente unos márgenes de beneficios, una libertad de acción y unos derechos del capital y, sobre todo, unas estructuras económico-sociales injustas, que serían incompatibles con la moral que defiende la Iglesia? En efecto, la Iglesia incluye también en su «programa» la necesidad de transformar o cambiar las estructuras para que esas famosas leyes fatales de la economía no sigan impidiendo el desarrollo humano. Según la Octogesima adveniens (43) deben ponerse en tela de juicio los
«modelos mismos de la sociedad» o de las sociedades actuales y «los modelos
de crecimiento de las naciones ricas», que conducen trágicamente al empobrecimiento
o la depauperación de las naciones pobres.
La Iglesia quiere «que se sometan sin vacilación a una severa crítica
las estructuras humanas que son tributarias de una época ya pasada». «Transformaciones
audaces, reformas profundas», para evitar precisamente que tengan que producirse
«cambios arbitrarios y destructivos»102.
«Desde la época en que la Rerum novarum denunciaba, de manera viva e imperativa, el escándalo de la condición obrera en la sociedad industrial naciente, la evolución histórica nos ha obligado a adquirir conciencia de otras dimensiones y de otras aplicaciones de la justicia social. La mutación industrial ha producido nuevos pobres, disminuidos e inadaptados, viejos, marginales, de orígenes diversos. Hacia ellos se vuelve la Iglesia para reconocerles, ayudarles, defender su lugar y su dignidad en una sociedad endurecida por la concurrencia y por la fascinación del éxito»103. Por otra parte, en el mundo del trabajo «aún queda mucho por hacer» para introducir más justicia y equidad y una mayor participación del obrero en los beneficios del trabajo y en las decisiones sociales. Es necesario un mejor reparto de bienes y de poderes. «El impacto del nuevo orden industrial y tecnológico, si no es cambiado por una acción social y política apropiada, favorece la concentración de riquezas y de poderes y, en particular, del poder de decisión, quedando éste entre las manos de una minoría dirigente privada o pública. La injusticia económica y la falta de participación social privan al hombre del ejercicio de sus derechos fundamentales, humanos y sociales». Si todas estas palabras son algo más que palabras —y, sin duda, lo son— obligan a los políticos que quieran fundar su acción sobre una base moral a unas posturas muy exigentes. Por otro lado, esas mismas palabras muestran con claridad el talante que adopta la Iglesia en relación con los problemas económico-sociales de nuestro tiempo. Por otra parte, el «proyecto político» de la Iglesia se sitúa «frente a todas las discriminaciones de derecho o de hecho —étnicas, culturales, religiosas, políticas— siempre renacientes»104. En la situación actual, la Iglesia denuncia el individualismo: la iniciativa privada debe quedar sometida de modo efectivo a la realización del bien común de la sociedad. Así, por ejemplo, en la Octogesima adveniens se critica el hecho frecuente de que los medios de comunicación social sean explotados al servicio de fines o intereses privados. Otro ejemplo de piratería, denunciado por Pablo VI, en el que las fuerzas privadas actúan desmesuradamente fuera de todo control moral, es el de las superpotencias económicas, es decir, «las empresas multinacionales que surgen bajo la presión de los nuevos sistemas de producción y que pueden realizar estrategias autónomas, en gran parte independientes de los poderes políticos nacionales, escapando, por consiguiente, a todo control del bien común»105. Pío XII condenó ya la mentalidad técnica, que de hecho tiende a eliminar de la política los fines más elevados de la vida humana. Pablo VI se vuelve ahora contra el capitalismo tecnocrático y el socialismo burocrático, que toman decisiones políticas muy importantes en función exclusiva de criterios económicos; contra el gigantismo del Estado y la absorción por parte de éste de las sociedades intermediarias, que constituyen la trama humana de la sociedad civil. La Iglesia defiende la justicia, la paz, la personalidad y el desarrollo de los pueblos y de las culturas, aun de las más pequeñas y, al parecer, más insignificantes. Los pueblos subdesarrollados tienen un auténtico derecho al desarrollo, y pueden hacerlo valer, con toda la fuerza moral que les da la razón, ante las otras naciones y en las organizaciones internacionales. Tienen, además, derecho a realizar ese desarrollo por sí mismos, según su propia concepción o su propia cultura. La Santa Sede ha realizado un gran esfuerzo doctrinal en este terreno y viene desplegando, además, una actividad creciente en los medios internacionales. Como una de las primeras medidas exige «la equidad en las relaciones comerciales», en especial sobre el comercio de materias primas, en el que los pueblos más pobres son largamente explotados por los más ricos106. Aunque no haya llegado a una condenación absoluta y estricta de la guerra, como medio de acción moralmente legítimo en algunos casos, la Iglesia aborrece la guerra y se opone a ella, a la carrera de armamentos, a la fabricación de nuevas máquinas guerreras de poder destructivo incontrolable y a los gastos bélicos, que absorben los recursos de la humanidad107. Para superar este estado de cosas, el Papa propone no sólo el mantenimiento,
sino el reforzamiento de las instituciones internacionales, la creación
de verdaderos poderes supranacionales, todo ello por encima de los egoísmos
y soberbias nacionales y de las diferencias ideológicas entre bloques.
La presencia del Papa Pablo VI en las más altas instancias de la vida internacional, como la O.N.U. o la O.I.T.; las intervenciones en ese mismo terreno de dirigentes de la Santa Sede, como Mgr. Benelli y Mgr. Casaroli, muestran que la Iglesia, con su actitud de presencia, quiere ejercer una influencia importante en la marcha de la política mundial, y esta acción se desarrolla, en último término, con fines religiosos y por motivos éticos. El Papa, «experto en humanidad», ocupa hoy un lugar relevante entre las grandes fuerzas e instituciones morales que conducen, o deben conducir, la humanidad. «El Papa no espera ya a que los representantes de los Estados vayan hacia él: él va hacia ellos, a su propia casa, esta casa que se declara constitucionalmente 'neutra'. Ocupa un lugar entre los responsables de las comunidades civiles y lo hace precisamente como Papa, como Jefe de la Iglesia católica, es decir, de una sociedad espiritual. ¿Qué acogida le hicieron estos responsables, en su mayor parte no cristianos o agnósticos? 'Respeto', 'emoción', 'alegría', 'cordial adhesión', 'profundo reconocimiento': tales son las expresiones que he oído el 5 de octubre último en la Unesco, pronunciadas por miembros de su comité ejecutivo. El sabio soviético Sissakian tuvo interés en hacer notar que hablaba en nombre de los ateos, y el profesor Carneiro subrayó vigorosamente el alcance de la visita del Papa en esta 'fecha' histórica, que había visto a los representantes de todas las formas del pensamiento: cristianos, judíos, budistas, sintoístas, librepensadores, reunidos en torno a un líder religioso»109. Nadie puede medir la importancia que hechos de esta naturaleza pueden tener para el futuro político del mundo. Concluyamos: La Iglesia actual está muy lejos de encerrarse en la sacristía. El conjunto de afirmaciones a que hemos aludido, y que necesitaría una exposición mucho más documentada y detallada que la nuestra, parece autorizarnos a hablar de un proyecto político de la Iglesia para el mundo de hoy y para el de mañana. Este proyecto, aunque se mantenga en el terreno moral de la justicia y del bien común, tiene indiscutiblemente una carga política y marca unas direcciones bien determinadas en los objetivos que hoy debe perseguir la actividad política propiamente dicha. Está, sin duda, llamado a ejercer una influencia sobre la política. La Iglesia busca conscientemente esta influencia, que nada tiene que ver con la antigua teocracia ni con las formas más modernas de clericalismo, y con ello no se sale de su misión religiosa. La actitud de presencia espiritual y moral de la Iglesia de hoy en el
campo político y social, nacional e internacional —que algunos, fieles
a sus prejuicios anticlericales, consideran como una extralimitación, una
invasión de la Iglesia en campo extraño—, no la aparta de su misión esencial.
Interpretada en este sentido, no vacilamos en repetir y confirmar, al
término de este libro, la frase que nos había servido de punto de partida:
A su modo y según la manera que le es propia, la Iglesia hace política.
Y debe hacerla.
1. Una publicación católica, la revista Mundo Social, establecía, en
su número de abril, un pequeño catálogo de índices o señales de esta deterioración
progresiva. Entre otras cosas citaba la revista las agresiones a eclesiásticos
por los llamados "guerrilleros de Cristo Rey"; las pancartas y gritos antieclesiásticos
de la masiva manifestación madrileña del 7 de mayo; la secuencia de notas,
encierros y protestas a propósito de la cárcel concordataria de Zamora;
la inequívoca declaración del cardenal Jutbany; los rumores que, a un momento
dado, corrieron sobre la querella contra Mons. Palenzuela, etc.
|
![]() |
![]() |